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Activistas señalan que en México se ha legalizado el robo y despojo de los recursos naturales

La destrucción de arboles de ciprés y alcanfor en plenitud de vida son destruidos en área deportivas de la ciudad

Donde estarán los protectores, deportista y las instancias de gobierno en sus tres niveles que nada han dicho sobre este particular


Janet Hernández Cruz
A través de un comunicado las Comunidades, Ejidos, Colonias, Barrios, Rancherías, Cantones, Comité Central, Comisión Negociadora, Sindicatos, ONGS y Organizaciones Sociales de la Región Sierra, asistentes al Primer Foro Contra la Minería a Cielo Abierto, realizado en días pasados, dieron a conocer que se ha legalizado el robo y despojo irracional de los recursos naturales.
Esto por el saqueo, pillaje y robo de los manantiales de agua dulce, fauna silvestre, maderas así como el de los recursos renovables como el petróleo, gas natural, minas, con una política del Sistema Capitalista de Alcance Planetario, que tiene como objetivo expoliar las riquezas sociales y transferirlas a la burguesía a través de empresas transnacionales, mediante la política económica conocida como "Neoliberalismo".
Diseñada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Organismo Mundial de Comercio (OMC), instrumentos financieros de la burguesía en complicidad con los gobiernos nacionales como en el caso de México ha readecuado su Marco Jurídico Constitucional que con el programa Procede, el ejido de ser una propiedad social pasó a ser propiedad privada.
Señalan que con la privatización del ejido y la comunidad, las empresas mineras y madereras en general ya tienen las manos libres y las puertas abiertas para iniciar actividades de exploración, instalación y montaje, así como de operación y explotación minera como ha sucedido en la comunidad de Grecia en Chicomuselo Chiapas.
Afirman que el gobierno federal ha expedido en las últimas dos décadas más de 25 mil permisos y concesiones a empresas mineras nacionales y extranjeras, de las cuales más de 120 están localizadas en la entidad chiapaneca, afectando aproximadamente 1,200,000 hectáreas, con lo que se ha iniciado en Chiapas una nueva era de "fiebre de oro".
Por tales causas exigen al gobierno federal, estatal y municipal la cancelación de concesiones y permisos a empresas mineras en Carrizal, Ignacio Zaragoza, Niqivil, Las Cruces, Tolimán, el Mirador, Ejido Motozintla, entre otras, así como los permisos de cambio de uso de suelo de extracción minera en la región Sierra.