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PGR designa en Chiapas delegado señalado por la CNDH de realizar detenciones arbitrarias


Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Agos.- La Procuraduría General de la República dio posesión este jueves como nuevo delegado de la PGR en Chiapas, al abogado Jorge Luis LLaven Abarca, quién en 2002 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo señaló de realizar detenciones arbitrarias y maltratamiento físico durante su desempeño como agente del Ministerio Público.
Fue el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR José Cuitláhuac Salinas Martínez, quien le dio posesión del cargo.
Llaven Abarca ha desempeñado toda su carrera profesional en Chiapas.
Hasta hace unas semanas, era el Jefe de la Unidad Especializada contra el Secuestro (FECDO) de la Procuraduría de Justicia del estado. En el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, fue agente del Ministerio Público en la Fiscalía que dirigió Mariano Herrán Salvatti.
En 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2002 al entonces gobernador Salazar Mendiguchía, y al fiscal Herrán Salvatti, donde se solicitaba iniciar un procedimiento administrativo de investigación e integración de una averiguación previa en contra de José Luis Llaven Abarca, agente del Ministerio Público de la mesa de trámite número 3.
Llaven Abarca, de acuerdo a la CNDH, había integrado la averiguación previa 253/CAJ4B2/2001 en contra de Noé Jímenez Pablo, líder de la Organización Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala MOCRI -CNPA.
Pero, al girar la orden de aprehensión en contra del dirigente campesino, Llaven Abarca envio un oficio al director de la policía judicial en el cual le solicitó que detuviera a campesinos del MOCRI CNPA presuntos responsables del delito de despojo, sin que previo a ello enviara citatorios y girara las órdenes de comparecencia que establece la ley.
Violando con ello el Código de procedimientos penales de Chiapas, y la Constitución política mexicana, ya que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.