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Punto de Vista
Mario Tassías



El consenso es abrumador: México precisa de un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático. La propuesta de la UNAM "Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia", lo reitera en todo el texto.
El tiempo se ha ido y parece difícil que legisladores y el Presidente Calderón tenga tiempo para conocerla a detalle e intentar poner en marcha, muchos de los puntos de acción que el documento sugiere.
Por ejemplo, referente a los criterios de la propuesta por la primacía del régimen constitucional de los derechos humanos, se advierte que "cualquier acción del Estado que tienda a vulnerarlos es, en sí misma, contraria con los fines de la seguridad y la justicia en democracia, en tanto ellas son parte de las prerrogativas fundamentales del ser humano"
Se dice y es una verdad incontrovertible de que no hay ser más vulnerable que aquel al que el miedo tiene paralizado. "El concepto de seguridad ciudadana, permite recolocar al ciudadano, en el centro de todas las acciones por la seguridad y la justicia", no hacerlo significa que lo que se hace es retórica.
El documento es el resultado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia "Hacia una política de estado en los albores del Tercer Milenio", que organizaron la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Racionalización del uso de la fuerza es otro subtema de: La meta: una política integral en materia de seguridad. El respeto por la vida humana deber ser un valor prioritario en la política de seguridad y justicia. Los instrumentos de implantación de esta política deben respetar de manera escrupulosa los principios y las normas internacionales y nacionales del uso de la fuerza y las armas. Contrariar el uso de la razón por la fuerza y las armas, es contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia.
El documento apunta que la seguridad y la justicia en democracia deben funcionar bajo el control de la autoridad civil, que debe garantizar un soporte amplio de legitimidad política, al tiempo de invertir el máximo posible en el desarrollo de sus capacidades técnicas. La autoridad civil debe asumir sus responsabilidades de cumplir con los fines de la seguridad y la justicia. "La intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible y, en todo caso sujeta a controles que aseguren la preeminencia del régimen constitucional de los derechos humanos". El nuevo equilibrio debe al menos buscar que sea equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control. La mejor prevención "es la que fortalece la cohesión social y, en esa medida, revierte la exclusión".
Lo reiteramos, el documento sintetiza un foro de discusión celebrado entre el 6 y 10 de junio del presente año. Ofrece la visión de 88 especialistas nacionales e internacionales que desde la perspectiva del derecho reunieron en 18 mesas redondas, todo tipo de discusión en busca de respuestas. El diagnóstico está elaborado, el enfermo sigue desangrando.
Más allá de otras propuestas, se sugiere que los partidos políticos asuman el compromiso, las políticas de seguridad y justicia deben prevalecer frente a intereses partidistas, de lo contrario seguirán en buena medida desacreditadas y apartadas del Estado de derecho. Y es que todos los actores políticos e institucionales deben hacerse responsables de sumar sus proyectos de partido a la construcción de una auténtica política pública de seguridad y justicia. Es necesario mejorar los mecanismos formales que así lo garanticen. Nada será suficiente sin compromiso y voluntad de todos los actores.
Más adelante se lee que la seguridad y la justicia deben aliviar la discriminación y elevar al centro de la agenda el bienestar de los grupos que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como de los funcionarios que están en el mayor riesgo, como es el caso de policías y soldados.
El estado de cosas recrudece la situación de las mujeres víctimas de violencia: se incrementa el riesgo de que niñas y jóvenes sean víctimas de violencia sexual, además de que la extensión de la violencia como código de fuerza y control social exacerba su uso en las relaciones familiares, donde las mujeres resultan más vulnerables: la proliferación de armas -principal factor de contagio de la epidemia de la violencia armada- multiplica las oportunidades para usarlas en conflictos familiares o de pareja.
Según el documento, la política de seguridad y justicia en materia de género debe incluir: 1) decisiones presupuestales para instrumentar actuaciones a favor de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de conciliación de la vida familiar y laboral, y de igualdad de oportunidades; 2) fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil para desarrollar, gestionar y establecer modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, integrando en todos los sectores enfoques de derechos humanos de las mujeres, cohesión social, desarrollo humano y ciudades seguras; 3) desarrollar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia); 4) fortalecer el papel de coordinación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 5) armonizar la legislación civil y penal, eliminando cláusula discriminatorias, prestando atención a la regulación de los tipos penales en materia de libertad psicosexual, derechos sexuales y reproductivos, integridad familiar, libre desarrollo de la personalidad, vida e integridad corporal.
Para abordar el tema ¿Quiénes deben ser los actores del cambio? Esperamos volvernos a encontrar en la próxima entrega de otro Punto de Vista.