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CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Por Eleazar Domínguez Torres

El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, Diego Cadenas Gordillo presentó ante la oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chiapas, la solicitud de Juicio Político en contra de Florencio Madariaga Granados, Presidente de dicho organismo en la entidad.

Cadenas Gordillo explicó que la solicitud de Juicio Político incluye para Marina Patricia Jiménez Ramírez, y Lorenzo López Méndez quienes también se desempeñan como Consejeros Estatales del CEDH: «la solicitud de Juicio Político en este caso es porque consideramos que diversos acuerdos que ellos han tomado en sesiones de Consejo atentan contra las instituciones democráticas, particularmente porque violentan lo que establece la ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, la Constitución Local, la Constitución Federal y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos».

Al ser interrogado sobre los puntos específicos que motivaron a la presente solicitud el Consejero Ejecutivo indicó que particularmente hubo una violación al procedimiento de designación de los Consejeros, toda vez que el artículo 26, Fracción primera de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos establece como uno de los requisitos primordiales el ser chiapaneco por nacimiento, y que ni el Consejero Florencio Madariaga Granados y Marina Patricia Jiménez Ramírez cumplen con dicho requisito.

»Y desde luego que hubo violación en el procedimiento de su designación puesto que el artículo 27 de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos de su última fracción establece que las instituciones académicasy organismos civiles de derechos humanos que vayan a proponer o a designar consejeros deberán confirmar que los postulados cumplan con losrequisitos marcados por la ley».

Claro que aclaró que eso es apenas una de las causales de varias violaciones que se han cometido a la Ley Estatal de los Derechos Humanosy la otra es que los tres consejeros implicados en la solicitud de Juicio Político han hecho acuerdos de facto reformando la ley cuando esasolo es atribución de la legislatura local y ello vulnera el artículo 30 de la Constitución Local.

De igual manera añadió que en la última sesión se reformó el reglamento que son contrarias a la Ley Estatal de los Derechos Humanos: «aquí el asunto es que independientemente de que fueran favorables o desfavorables el asunto es que se está usurpando la función del legislativo», por lo que indicó que de igual manera presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas una demanda penalpor el delito de usurpación de funciones y lo que resulte y que además la recomendación emitida por el Consejo Nacional Contra la Discriminación para que se quite de la Constitución Local el requisito 

de ser chiapaneco, ya sea por nacimiento o por ser hijo de padres chiapanecos, es solo eso una recomendación, pero que en tanto no se modifique la ley, está sigue en firme y se debe aplicar, finalizo.